Frenazo a la «modernización» libertaria: el Congreso sesiona rodeado de un paro federal que expone la fragilidad del consenso oficialista
En una jornada decisiva para el futuro de las relaciones laborales en Argentina, las principales centrales obreras paralizan el país mientras la Cámara de Diputados intenta dar sanción definitiva a un proyecto que desmantela conquistas históricas. Pese a que el Gobierno sacrificó artículos polémicos para asegurar votos aliados, la calle responde con una de las protestas más contundentes desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
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La Libertad Avanza enfrenta este jueves su prueba de fuego parlamentaria en un clima de máxima tensión institucional. Con el dictamen de mayoría ya firmado, el oficialismo busca convertir en ley una reforma que habilita la fragmentación de licencias, la extensión de la jornada laboral hasta las 12 horas y la tercerización del costo indemnizatorio. Esta ofensiva legislativa ha provocado una respuesta unificada de la CGT y ambas CTA, que han logrado coordinar una huelga de 24 horas con movilizaciones en puntos neurálgicos de las provincias. El debate en el recinto queda así condicionado por un grito federal que acusa a los diputados de entregar la dignidad de los trabajadores a cambio de favores políticos de una Casa Rosada que no disimula su desprecio por el modelo sindical argentino.
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El escenario es particularmente complejo para los gobernadores, quienes quedan en el centro de las críticas sindicales por la conducta de sus legisladores. En el Noreste, los dirigentes gremiales señalan directamente a mandatarios como Leandro Zdero en Chaco y Gustavo Valdés en Corrientes, acusándolos de ser cómplices necesarios para que el Ejecutivo Nacional consiga el quórum. Mientras tanto, en la Patagonia, el gremio ATE Santa Cruz ha denunciado que la aprobación de este paquete normativo significaría un retroceso de un siglo en materia de derechos, exponiendo la vulnerabilidad de un sector estatal que ya padece el cierre de paritarias y el congelamiento salarial por decisión del gobernador Claudio Vidal.
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