La Corte habilitó la compra de tierras por extranjeros y reavivó el debate por la soberanía
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La Corte Suprema le dio vía libre a la compra de tierras rurales por extranjeros. El 29 de septiembre repuso el artículo 154 del DNU 70/2023, con el que el Gobierno de Javier Milei había derogado la Ley de Tierras, y dejó sin efecto la cautelar que mantenía la restricción vigente.
El fallo no entró en el fondo del decreto. Con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el tribunal se limitó a sostener que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), impulsor del amparo, no tenía legitimación para litigar. Apenas ocho páginas alcanzaron para habilitar la liberación del mercado. La Corte argumentó que la soberanía territorial es «uno de los elementos constitutivos del Estado» y que, por eso, no puede tratarse como un bien colectivo.
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La consecuencia es concreta: según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, desde ahora cualquier persona, empresa o Estado extranjero puede comprar tierras rurales sin límite, incluidas las zonas de frontera.
El CECIM fue duro. «La Corte decretó que la soberanía no es un bien jurídico y puso a la Argentina en venta», señaló en su descargo, y recordó que el Estado los envió a combatir en 1982 en nombre de la soberanía nacional.
La ley 26.737, que protegía el dominio nacional sobre las tierras rurales, había sido derogada por el megadecreto de diciembre de 2023. El Congreso nunca la discutió: el Gobierno intentó reemplazarla con un proyecto que no prosperó. El tribunal aclaró que su fallo no se pronuncia sobre la constitucionalidad del decreto, un debate que sigue abierto.
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