EE.UU. aprieta a empresa argentina por sus lazos con China y deja expuesta la sumisión del Gobierno
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La embajada de Estados Unidos en Buenos Aires notificó esta semana a al menos dieciocho directivos de CALF —la Cooperativa que distribuye energía a Neuquén y buena parte de la Patagonia— que sus visas podrían ser revocadas. El motivo no es judicial ni migratorio: es político. Washington no tolera que una empresa con presencia en Vaca Muerta cierre acuerdos con capitales chinos.
La advertencia, confirmada por el propio embajador Lamelas a este medio, expone sin matices la nueva doctrina de la Casa Blanca para la región: conmigo o contra mí. CALF firmó un convenio de cooperación técnica con una empresa china del sector energético, operación perfectamente legal bajo las leyes argentinas. Pero para el gobierno de Donald Trump, eso alcanza para amenazar con sanciones personales a directivos que, en su mayoría, son argentinos de a pie.
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El dato más revelador no está en Washington sino en Buenos Aires. La Cancillería no emitió una sola palabra de respaldo a la cooperativa. Tampoco el ministro de Economía, que semanas atrás celebraba en Davos la «relación estratégica» con Estados Unidos. El silencio es elocuente: el oficialismo prefiere no incomodar a su principal aliado geopolítico aunque eso signifique dejar desprotegidos a empresarios nacionales.
La presión contra CALF se inscribe en una escalada más amplia. En el último trimestre, la Embajada advirtió a otras tres firmas argentinas con intereses comerciales en China. El patrón es claro: condicionar las decisiones soberanas de empresas y gobierno mediante la amenaza migratoria. Una práctica que roza la extorsión diplomática y que, en cualquier otro contexto, encendería todas las alarmas institucionales. Pero en la Argentina del ajuste y la alineación automática, la reacción fue un murmullo.
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