Represión en Plaza de Mayo: el Gobierno responde con la Policía Federal al desesperado reclamo de las familias con discapacidad
La gestión de Javier Milei sumó un nuevo capítulo de violencia institucional este miércoles al ordenar el desalojo forzoso de un acampe pacífico frente a la Casa Rosada.
Efectivos de la Policía Federal Argentina avanzaron con empujones y forcejeos contra personas con discapacidad y sus familiares, quienes intentaban instalar un gazebo para visibilizar el vaciamiento del sistema de prestaciones básicas. Esta demostración de fuerza ocurre en un contexto de asfixia financiera deliberada, donde el Estado Nacional mantiene deudas de varios meses con los sectores más vulnerables, ignorando la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y priorizando el ajuste fiscal sobre la integridad física de los manifestantes.
La tensión en las cercanías de la Casa de Gobierno es el síntoma de una crisis administrativa terminal que el oficialismo se niega a reconocer. Mientras el Ministerio de Seguridad despliega operativos de saturación para impedir la protesta, el programa Incluir Salud y el PAMI continúan paralizando los pagos a centros terapéuticos y servicios de transporte. Las organizaciones que integran el Foro Permanente denunciaron que el Poder Ejecutivo ha convertido la falta de respuestas en una política de Estado, obligando al sector a iniciar un nuevo cese de actividades por 48 horas. La estrategia oficial de «orden público» parece ser la única respuesta ante un sistema que se desmorona por la falta de recursos, poniendo en riesgo la continuidad institucional de cientos de entidades que asisten a miles de argentinos.
